Agudización de crisis política y erosión de gestión estatal aumentan riesgo de caída de construcción en 2022 y 2023

El más reciente Informe Económico de la Construcción – IEC #53 de la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, sostiene que las perspectivas del sector para todo el 2022 siguen siendo inciertas, principalmente por la persistencia de la crisis política, la demora en la toma de decisiones que impulsan la inversión pública y privada, el impacto en el incremento de los costos de materiales de construcción y el persistente conflicto social que impide el desarrollo de proyectos mineros y energéticos.

“A ello se suma la pérdida de capacidad adquisitiva en los hogares de menores ingresos que afecta al segmento de la construcción informal. Sin embargo, la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el desempeño sectorial al cierre del presente año es de un crecimiento de 1.2%, contrastado con la del BCRP (0.5%) y las de consultoras privadas (entre -1.8% y -8.9%). Para el MEF, la inversión pública aumentaría este año 11.0%, previsión que es siete puntos porcentuales más que el BCRP y mucho más alta que las de agencias privadas. En cuanto a la inversión privada, el Ministerio coincide con el BCRP, en el sentido de que ésta se estancará en el 2022, aunque el resto de entidades consultadas prevén una baja de entre 3% y 5%.” sostiene Guido Valdivia, Director Ejecutivo de CAPECO.

Además, pese a todos los esfuerzos desplegados por el Ministerio de Vivienda, los programas de vivienda social se han visto perjudicados por la insuficiencia de recursos para subsidios que, a la fecha, alcanzan hasta junio con un monto de 614 millones de soles para financiar 21 mil bonos, lo que equivale al 37% de los desembolsados el año pasado. “Si bien existe un reajuste interno de metas, en el que se espera obtener 110 millones de soles adicionales y lograr 621 millones más con la Ley que se está tramitando para conseguirlos, se promoverán 43 mil viviendas este año, que es 24% menos que el 2021”, añade Valdivia.

CAPECO afirma que también hay un retraso para incrementar los precios máximos de las viviendas que pueden financiarse a través de Mivivienda y Techo Propio, lo cual perjudica la generación de oferta y también del valor de los subsidios que se otorgan a los hogares que recurren a dichos programas, lo que reduce sensiblemente la demanda.

Otro de los problemas que afectan directamente al sector, es el incremento del riesgo de paralizar obras públicas y de anular o declarar desiertos los procesos de licitación, a consecuencia de la persistencia de disposiciones del reglamento como en la ley de contrataciones públicas, del retraso en los indicadores que actualizan los costos de construcción y por los indicios de corrupción que se habrían cometido en recientes procesos de contratación.

El Director Ejecutivo, comenta además que “la falta de una estrategia apropiada para resolver la conflictividad social, ha paralizado las actividades productivas y las inversiones en las minas de Las Bambas, Antapaccay y Cuajone – que en conjunto representan más de un tercio de la producción nacional de cobre – y que puede extenderse porque hay otros conflictos latentes que podrían activarse por la actitud pasiva del gobierno para solucionarlos y por el inicio de la campaña electoral municipal y regional, en la que muchos candidatos adoptan una posición anti-minera. No podemos dejar de lado los constantes cambios de funcionarios públicos encargados de sectores clave para la ejecución de inversiones estatales y para la promoción de inversiones privadas. Con escasa preparación y experiencia se pone en peligro la continuidad y calidad de las obras así como los procesos de contratación.

Para CAPECO, parte importante de las decisiones requeridas para abordar estos problemas recaen en el Ministerio de Economía y Finanzas que, aparentemente, por el optimismo de sus más recientes proyecciones sobre producción sectorial e inversión, parece no considerar urgente implementarlas.

En marzo, la construcción creció en 1.4%, cifra ligeramente inferior a la estimación preliminar de CAPECO en el IEC #52 (1.5%). El avance de la obra pública tuvo un desempeño peor del proyectado (-5.7% versus -4.3%). Sin embargo, para abril, la Cámara Peruana de la Construcción proyecta un aumento de 3.1% en el PBI sectorial, con lo que la actividad constructora sumaría dos meses consecutivos al alza, luego de cinco meses de desempeño negativo.

Sobre los desembolsos de créditos hipotecarios, este creció en 17.1% en marzo respecto al mes previo, aunque cayó 13.0% en comparación con el mismo mes del 2021, esta retracción del indicador interanual se explica por el fuerte descenso (16.8%) de los créditos otorgados con recursos propios de las instituciones financieras privadas, mientras que aquellos concedidos con recursos de Mivivienda solo descendieron en 0.7%.

Los precios de materiales como el cemento y la loseta se incrementaron en marzo, 4.4% y 3.7% respectivamente, respecto al mismo mes del 2021. Los ladrillos de arcilla (0.4%) y acero de construcción (1.4%) se contrajeron ligeramente. Sin embargo, la inflación de estos dos ítems fue de 51.4% y 46.9% en comparación con abril del 2020 cuando se inició la pandemia de la COVID-19. “Es importante señalar que, aunque esta ola alcista tiene un alcance global, el Perú ha experimentado una mayor afectación” complementa Valdivia.

Finalmente, CAPECO remarca que deben aplicarse medidas de corto plazo para evitar un estancamiento o caída del PBI de la construcción (Anexo 1). Para el director ejecutivo “es indispensable empezar a discutir las iniciativas legislativas y de política pública que deben tomarse para asegurar un desempeño de la construcción e inversión en el 2023 y los años subsiguientes. Por eso, planteamos, entre otras, tres propuestas que adquieren hoy de singular urgencia”. (Anexo 2)