Pacto Nacional por la democracia, la reconciliación y la inclusión de los más necesitados

Este 6 de junio casi 20 millones de peruanos hemos acudido a elegir a quienes gobernarán el país. La mínima diferencia en la votación alcanzada por las dos fórmulas presidenciales impide hasta el momento definir a un ganador. Mientras no se conozca el resultado final es necesario que dirigentes y simpatizantes de ambos partidos den señales claras de madurez democrática y aguarden con tranquilidad el pronunciamiento definitivo de las autoridades electorales.

La magnitud y complejidad de la triple crisis (sanitaria, económica y política) que hoy vivimos y la profundidad de nuestras debilidades institucionales requieren una voluntad de consenso para abordarlas y un compromiso de respetar las reglas del Estado de Derecho y libertades de un sistema democrático, que deberán plasmarse en un Pacto Nacional por la Democracia, la reconciliación y la inclusión de los más necesitados con objetivos de corto, mediano y largo plazo.

El plazo inmediato exige una estrategia conjunta para garantizar:

La continuidad del Plan de Vacunación y control de la pandemia COVID-19.
La ejecución eficiente de recursos presupuestales del año y la formulación del Presupuesto General de la República 2022.
Que la aprobación de las iniciativas legislativas y las modificaciones constitucionales en curso en el Parlamento, se ciñan estrictamente a los procedimientos constitucionales y a las tradiciones democráticas.
El adelanto del habitual proceso de transferencia de información en las diferentes entidades del Poder Ejecutivo.

La estrategia deberá definirse en una Mesa de Negociación entre representantes del Poder Ejecutivo y de organizaciones políticas con representación en el Parlamento actual y el electo. Los acuerdos a que se arriben deberán ser explícitos y conocidos por toda la ciudadanía.

Debe iniciarse también un proceso de negociación para consensuar iniciativas de política pública que se pongan en marcha una vez instalado el nuevo gobierno y permitan:

Asegurar la sostenibilidad de las cuentas fiscales (podría incluir implementar tributos temporales).
Establecer un plan coordinado para otorgar subsidios económicos a familias afectadas por la pandemia.
Implementar medidas excepcionales para generar empleo formal, en particular de mujeres y jóvenes.
Priorizar programas sociales y de inversión pública y privada con alto impacto en la superación de brechas económicas y en la inclusión social.

Estas iniciativas deben ser aprobadas en un Acuerdo Tripartito entre el Estado y gremios representativos de la fuerza laboral y del sector productivo, incluidas pequeñas y microempresas.

Finalmente, debe emprenderse una amplia reforma institucional para fortalecer nuestro sistema democrático, optimizar el modelo económico y establecer un nuevo acuerdo que rija las relaciones entre la Sociedad y el Estado y permita:

Modernizar el aparato estatal buscando una gestión pública más eficiente y transparente.
Garantizar que el proceso de descentralización sea más eficiente y beneficie a todas las regiones del país.
Rediseñar el funcionamiento del Congreso para que tenga mayor representatividad y legitimidad, preservando el equilibrio de poderes.
Reformular el rol de la administración de justicia y los organismos reguladores, para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y la seguridad jurídica.

Este esfuerzo reformador debe sujetarse estrictamente a las normas constitucionales, trascender los periodos gubernamentales e incluir en su implementación a organizaciones representativas de la Sociedad Civil. El espacio más indicado para la discusión de estas reformas es el Acuerdo Nacional, cuya conformación deberá ser ajustada para incluir a nuevos actores sociales.

La formalización de una buena parte de estas iniciativas exigirá modificaciones legales e incluso constitucionales, cuyo alcance y mecanismos de aprobación deben establecerse por consenso y respetando el régimen jurídico vigente.